Incumplimiento Grave de las Obligaciones que Impone el Contrato

¿Cuestión de hecho o de derecho?

Comentaremos una sentencia laboral dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso,1 en un juicio deducido por don Cristián Fabres, en contra de la empresa Transportes Vigal S.A.

El Sr. Fabres fue contratado antes del año 2008, y sus remuneraciones estaban compuestas por un sueldo inferior al mínimo legal, más comisiones y gratificaciones.

Vino la ley 20.281, del año 2008, que, para evitar sueldos ridículos, como el caso de algunos trabajadores que ganaban un peso –y todo lo demás se lo hacían en comisiones y bonos-, igualó el sueldo al mínimo legal, en todos los casos. Esta ley, para dar oportunidad a las empresas de adecuarse a esta normativa, dio un plazo para que los empleadores igualaran los sueldos al mínimo establecido por ley.

Sin embargo, el empleador del Sr. Fabres no se ajustó a esta regulación, y hasta el año 2015 seguía pagando un sueldo inferior al mínimo legal.

Pasó que el Sr. Fabres no aguantó más y se autodespidió, enunciando en su carta una serie de incumplimientos, tales como no pago de remuneraciones por la diferencia que faltaba para llegar al sueldo mínimo, y las cotizaciones adeudadas derivadas de esas remuneraciones impagas, entre otros.

En el juicio, la Jueza del Trabajo de Valparaíso,2 doña Mónica Patricia Soffia Fernández, denegó la demanda sobre la base que, si bien se constataba el incumplimiento por parte del empleador, ya que efectivamente nunca se había ajustado el sueldo del trabajador al mínimo legal, y por lo tanto existía una diferencia pendiente por remuneraciones impagas, este incumplimiento no podía considerarse como aquellos que permiten ejercer el despido indirecto, ni eran de la gravedad suficiente como para validar esta forma de terminación del contrato.

El Sr. Fabres siguió luchando, y solicitó la nulidad de la sentencia, por haber esta infringido la ley, blandiendo que los incumplimientos descritos en la carta de despido son infracciones contractuales lo suficientemente graves para dar por terminada la convención laboral, y no considerarlo así es contravenir la ley.

Sin embargo, la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sres. Eliana Quezada Muñoz, Carolina Figueroa Chandía y María Lavín Valdés, denegaron el recurso, por un argumento curioso, cual es que “la determinación acerca de la gravedad del incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, constitutivas de la causal de despido indirecto invocada por el actor corresponde a la juez que conoce del fondo, que en la especie concluyó que tales incumplimientos no revisten la gravedad exigida, cuestión fáctica que como se dijo, no puede ser alterada.”3.

Así las cosas, la Corte dictaminó que la calificación que el juez del fondo haga en relación a la gravedad de los hechos contenidos en la carta de despido, es una cuestión de hecho y no de derecho, y por lo tanto, no puede ser atacado por la vía de infracción de ley.

Lo señalado por la Ilma. Corte se aleja mucho de una buena y sensata interpretación jurídica, puesto que la calificación de “gravedad” de un hecho necesita siempre un juicio de reproche moral y, por lo tanto una cuestión que solo es susceptible comprender en el campo de lo deóntico, de lo moral, de lo normativo y en definitiva, del derecho.

En un juicio, las partes exponen al tribunal, con sus pruebas, hechos que ocurrieron (o no ocurrieron) en la vida real, y el juez, en el mérito de esas pruebas, debe hacer una reconstrucción de la situación fáctica. Así, las pruebas del juicio: contrato de trabajo y liquidaciones de remuneraciones; permitieron concluir a la Jueza de Letras que la empresa Transportes Vigal S.A. no dio cumplimiento a la ley 20.281.

Ese es el hecho, que ha sido reconstruido a la luz de las pruebas.

Si ese hecho es considerado grave, muy grave o nada grave, es una cuestión que interpreta el sentenciador, sobre la base de las exigencias que la ley y el contrato hacen y, por lo tanto, es una cuestión que se somete a un escrutinio de carácter jurídico (o moral en sentido amplio). Luego, si el juez concluye que un determinado incumplimiento contractual no es lo suficientemente grave para que la parte ofendida lo de por concluido, debiendo hacerlo, se está ante un error en el derecho y no en los hechos, y se trata de una sentencia que puede ser atacada por la vía de la infracción de ley.

Cristián Fabres perdió el juicio, pero quizá tenía razón.

1 N°de Ingreso Corte (Reforma Laboral): 176-2016, 5/7/16.
2 J.L. del Trabajo de Valparaíso, RIT: O-940-2015, 19/4/16.
3 Considerando noveno.