Un hijo en busca de su herencia

Simulación para perjudicar al nacido fuera del matrimonio.

Comentamos aquí un interesante caso sobre simulación:¹.

El 13 de julio de 2007 fue declarado, por sentencia judicial, que don Noé Pizarro Pizarro es hijo de filiación no matrimonial de don Jaime Huerta Suárez, contra la oposición de este. El 14 de agosto de 2007, El Sr. Huerta Suarez y su cónyuge, doña Nora Pizarro Macaya, pactaron separación total de bienes y liquidaron su sociedad conyugal, adjudicándose el marido dos de los ocho inmuebles que poseía la comunidad de gananciales, pasando a ser de la cónyuge el resto de las fincas. El 18 de junio de 2010, el Sr. Huerta Suárez vendió sus propiedades a su hija matrimonial, doña Verónica Huerta Pizarro, hija de doña Nora Pizarro Macaya. El 20 de julio de 2010, el Sr. Huerta Suárez falleció sin dejar testamento.

Posteriormente, el Sr. Pizarro Pizarro demandó a sus coherederas, ya señaladas, aduciendo que, tanto las adjudicaciones como las ventas reseñadas son actos simulados destinados a dejarle sin participación en la herencia.

Ante esto, el sentenciador no tuvo por probada la presencia de simulación en el acto de liquidación de la sociedad conyugal, pues los antecedentes vertidos en el proceso no cuentan con los características de “gravedad, precisión y concordancia exigidos por el legislador” para establecer una presunción judicial al efecto².

Sin embargo, el tribunal fue claro en señalar que la dificultad que encuentra todo demandante de simulación, en cuanto a probar una voluntad declarada diversa a la voluntad real, hace que las pruebas indirectas cobren vital importancia y, en este sentido, determinó que hubo pruebas suficientes que permitieron inferir la existencia de simulación en lo que se refiere a la venta que padre hizo a su hija. Estas fueron:

1) que la filiación paterna del demandante se declaró contra la oposición del causante;

2) que los cónyuges, al liquidar la sociedad conyugal, avaluaron las propiedades adjudicadas al cónyuge en valor superior al doble del precio en que las propiedades se vendieron a la hija matrimonial, lo que a juicio del tribunal “introduce serias dudas acerca de la verdadera intención de los contratantes”;

3) “el evidente vínculo de afecto que existe entre los contratantes al ser padre e hija, en relación a la vejez y estado de salud del enajenante, quien falleció solo meses después de la celebración del acto;”

4) que “la demandada-adquirente no haya logrado acreditar la efectividad de la entrega del precio fijado”. Con ello, la sentencia otorgó a esta la carga de probar el pago del precio, habida consideración de que es ella quien disponía de los medios para probar este hecho;

5) la contradicción en las confesiones de las demandadas, pues mientras la madre indicó que con el precio de las ventas, el causante compró una casa a su nieta, hija de la demandada Verónica Huerta, mientras que esta, en su absolución de posiciones, señala que desconoce el destino de los dineros pagados por ella, concluyendo el tribunal “que el desconocimiento de la compra de una casa a su propia hija, resulta algo poco creíble”.

Estos antecedentes, en dichos del tribunal, constituyen un cúmulo de indicios dotados de suficiente gravedad, precisión y concordancia, que permiten presumir fundadamente que la compraventa de marras es un contrato simulado bajo el cual subyace una intención de mera liberalidad a fin de perjudicar al demandante, pues con ello se aminora sustancialmente el valor de sus derechos hereditarios en la sucesión de don Jaime Huerta Suárez”, sirviendo la compraventa simulada “de velo o máscara al negocio realmente celebrado, que en este caso se acerca mucho más a una donación, el que ha quedado en su forma genuina y sincera, que en definitiva es lo único que tiene importancia jurídica”.

En razón de ello, el tribunal declaró nula de nulidad absoluta la compraventa “por carecer de causa, conforme se desprende de lo dispuesto en el artículo 1.682, en relación con los artículos 1.445 y 1.467, todos del Código Civil”.

Es lógico que se acepte la prueba de la simulación por medios indirectos; pero pese a lo que el sentenciador determinó, el demandante se vio desprovisto de antecedentes suficientes que pudieran hacer presumir al tribunal sobre la existencia de una voluntad real distinta de la voluntad declarada.

Aun cuando pese que el demandante estuvo en condiciones de allegar al proceso antecedentes sobre el estado de salud del padre al momento de la venta, no hay noticias de ello en el proceso. Lo mismo se puede predicar del “evidente vínculo afectivo” entre padre hija, siendo falso que esa relación de amor no admita posibilidad de ser probada ni que sea innecesario hacerlo.

Ni la oposición a la acción de filiación del padre ni el hecho de haberse vendido las propiedades a un precio más bajo que el tasado por el vendedor cando le fue adjudicada la propiedad son suficiente fuente de dudas respecto de la coherencia entre la voluntad declarada y la voluntad real, pues ambos hechos puede perfectamente ocurrir por causas distintas al ánimo elusivo que el demandante impetra.

Por otra parte, el tribunal impuso a la demandada la carga de probar el pago del precio que pagó por la venta, fundado en que estaría en mejores condiciones para ello, lo que resulta ilegal, al tenor de nuestras disposiciones procesales, ya que de acuerdo al artículo 1.698 del Código Civil, incumbía probar ese hecho (por medios directos o indirectos) al demandante. Huelga decir que la ley, a modo excepcional, establece onus probandii solidaristas, entregando la carga de probar a aquella parte que está en mejores condiciones de hacerlo (ej.: artículo 724 del Código de Procedimiento Civil), pero no es el caso del juicio ordinario de mayor cuantía.

Motivada por el afán de hacer justicia, nuestra judicatura dictó un fallo alejado de las normas del debido proceso, haciendo conjeturas que van más allá de sus potestades constitucionales. Para probar que la voluntad real de un acto difiere de la voluntad declarada, es necesario demostrar en juicio los elementos básicos de esa voluntad real, para lo cual el demandante debe entregar medios de prueba que conduzcan suficientemente (aunque sea con medios probatorios indirectos o presunciones), al convencimiento de esa divergencia volitiva, no bastando con meras dudas respecto de la veracidad de la voluntad declarada, como se dio en el caso.

¹ Sentencia dictada por don Carlos Manque T., Juez Subrogante del 2° J.L. Civil de La Serena, el 28/3/13, Rol: C-3791-2011. Confirmada por la Corte de Apelaciones de La Serena, 2a Sala, integrada por los Sres. Ministros Juan Shertzer D. (redactor), Jaime Franco U. y el Sr. Fiscal Judicial Jorge Colvin T., el 1°/10/13, N° de ingreso: 480-2013. Confirmada por la Corte Suprema, 1a Sala, integrada por los Sres. Ministros Nibaldo Segura P., Patricio Valdés A., Héctor Carreño A., Juan Fuentes B. y el Sr. Abogado Integrante Raúl Lecaros Z. (redactor) el 30/10/14, Rol CS: 13.173-2013.
² Primera instancia, considerando undécimo.